Ayer, 5 de octubre de 2022, el Senado aprobó definitivamente la Ley de Memoria Democrática.
Esta ley pretende promover la cohesión y la solidaridad entre generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Pretende reconocer a todas las personas que sufrieron persecución o violencia, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o religiosos, de orientación sexual o de identidad, durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura de Franco hasta la promulgación de la Constitución Española en 1978.
Una vez que se apruebe el texto de este proyecto de ley, sustituirá a la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Uno de los objetivos de esta ley es no repetir las etapas «negras» de nuestra historia, por lo que se introduce el delito de apología del franquismo, estableciendo duras penas que van de 200 a 150.000 euros para quienes exalten la Guerra Civil o la dictadura. Además, incorpora la posibilidad de cerrar las fundaciones que inciten al odio o glorifiquen la dictadura o humillen a las víctimas. Se creará una Fiscalía de la memoria democrática para investigar las violaciones y promover la memoria de las víctimas.
Para honrar a las víctimas y represaliados, así como para apelar a su reparación moral, el texto de la Ley de Memoria Democrática propone declarar el 31 de octubre como «Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura», y el 8 de mayo como «Día de homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura».
Además, se identifica el concepto de víctimas como aquellas personas que «con independencia de su nacionalidad, hayan sufrido, individual o colectivamente, daños físicos, morales o psíquicos, perjuicios patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de los derechos humanos durante el período que comprende el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el período hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978».
También se creará un banco nacional de ADN para que las familias puedan saber dónde están los restos de sus familiares represaliados, así como un centro de documentación en Salamanca. Asimismo, el Ejecutivo realizará un inventario de los bienes expoliados por el franquismo y se incorporará la memoria democrática como contenido curricular en el sistema educativo.
Se podrá optar a la nacionalidad española a través de dos nuevos supuestos de nacionalidad:
- Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que hubieran sido originariamente españoles y que, como consecuencia de haber sufrido el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencias u orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.
- Los hijos e hijas nacidos en el extranjero de mujeres españolas que hayan perdido la nacionalidad por contraer matrimonio con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
- Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a los que se les reconoció la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo con lo establecido en la presente Ley o en la Disposición Séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
La Ley de Memoria Democrática se publicará en el BOE en los próximos días y entrará en vigor tras ello.
