Desde el momento en que dos personas se dan el “sí, quiero”, van a nacer consecuencias tanto personales como patrimoniales para los dos miembros de la pareja. Además del deber de respeto mutuo y el de guardarse fidelidad y lealtad, en la esfera personal existen otros como la obligación de actuar en interés de la familia, el deber de ayuda y socorro recíprocos, el deber de convivencia o el deber de compartir las responsabilidades domésticas.

Cuando dos personas se casan están sellando su amor, sí, pero a ojos de la ley también están creando una sociedad.

Sin embargo, a la mayoría de la gente le parece poco romántico o de mal gusto sentarse a hablar de dinero antes de dar el gran paso. Desafortunadamente, según las estadísticas, las cuestiones económicas son un motivo habitual de conflicto en las parejas y una de las razones más frecuentes de divorcio. Esto es algo que también observo en mi práctica como abogada.

Una de las decisiones que una pareja tendrá que tomar antes de casarse es cómo quiere administrar y distribuir sus bienes. Existen muchas posibilidades distintas a la hora de gestionar y distribuir la parte económica de un matrimonio, y cada pareja tendrá que elegir la que mejor le vaya.

Los modelos más habituales son el régimen de separación de bienes y el régimen de gananciales, pero no son los únicos: también existen sistemas intermedios como por ejemplo el régimen de participación.

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